Primero, conviene hacer memoria (ya que la memoria de algunos y algunas es selectiva) y recordaremos de dónde partimos:
El gobierno del Partido Popular, en plena crisis económica, con miles de desahucios y el paro desbocado, aprobó la ley 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (denominada Ley Montoro del Partido Popular).
El gobierno del PP se enrocó en que la solución estaba una clara reducción de la
capacidad de los Ayuntamientos para hacer frente a la crisis económica, eliminando competencias municipales y convirtiendo a los municipios en un instrumento
para sanear las arcas del estado, al mismo tiempo que debilitaba y desprestigiaba
la administración pública en general y a los gobiernos locales en particular, provocando de facto la externalización de servicios, y despolitizar la política local, reduciéndola a un espacio de representación simbólica.
Restringió el uso del superávit municipal. Actualmente los ayuntamientos
únicamente pueden gastar su remanente en amortizar deuda y destinar un
pequeño porcentaje a inversiones que sean financieramente sostenibles.
Eliminó competencias a los Ayuntamientos vulnerando con ello la autonomía local reconoció en los artículos 137 y 140 de la constitución Española.
Estableció mecanismos muy negativos para las administraciones locales de tutela y control que puso a los Ayuntamientos en una
posición de subordinación.
Los dirigentes populares guardaron silencio hace ocho años cuando se
aprobó una ley, sin consenso, que lesionaba y atacaba la autonomía local y
recortaba derechos. Y Ahora en cambio, cuando el gobierno de Pedro Sánchez intenta dar soluciones, protestan los que antes callaban.
Frente a todo lo anterior, en España tenemos un gobierno comprometido con el
municipalismo y con los servicios públicos.
Para los socialistas los Gobiernos locales han sido claves en el desarrollo de nuestro
país durante los últimos 40 años. Miles de Alcaldes/as y concejales/as han trabajado para transformar sus pueblos y ciudades desde lo local, y han contribuido con
su labor a afianzar la democracia y asegurar el bienestar social y la igualdad.
¿Qué medidas pretendía implementar el Decreto 27/2020 de medidas financieras?
El objetivo era ofrecer una solución urgente a las necesidades de tesorería de las entidades locales para poder hacer uso de unos recursos que ahora son necesarios para servicios sociales, movilidad urbana o economía de cuidados para aquellos colectivos que más lo necesitan y que son más vulnerables.
Los ayuntamientos son los que atienden de primera mano las necesidades de la ciudadanía, por ello era (y es) necesario permitirles utilizar sus remanentes.
Así lo entendió la Federación Española de Municipios y Provincias, con quien ha dialogado el gobierno de España para llegar a acuerdos que emanan de la voluntad democrática de los ayuntamientos.
El RD 27/2020 preveía en su artículo primero la posibilidad de reinvertir todo el superávit del 2019 en inversiones financieramente sostenibles que se prorrogaba para 2020.
En su artículo 2, pretendía prorrogar el procedimiento de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles financiadas con cargo al superávit de 2018.
Según el artículo 3, los ayuntamientos podrían comprometerse a poner a disposición de la Administración General del Estado (AGE) los saldos del remanente de tesorería.
Este sistema era voluntario, por lo que no obligaba a ninguna administración a entregar sus remanentes al Estado. Pudiendo estos donar todo o parte de su remanente.
Por lo que el Gobierno de España NO expropia los ahorros de ningún Ayuntamiento. Acusación que considero bastante grave.
Además, el Estado devolvería ÍNTEGRAMENTE el préstamo a los ayuntamientos en 15 años.
Con el artículo 4 del Decreto, se autorizaba un crédito extraordinario para la recuperación económica y social de las entidades locales.
El Gobierno de España constituía un fondo extraordinario de 5.000 millones de euros que destinaba a los ayuntamientos que se hubieran comprometido a poner a disposición de la AGE sus remanentes. Pudiendo recibir un importe equivalente como mínimo al 35% de los recursos comprometidos.
Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Pedralba con un remanente de 1.066.018€, en caso de haber podido entregar nuestro remanente, hubiéramos podido recibir como mínimo 373.000€ del fondo.
La transferencia se hubiera hecho en 2 años. En 2020 el 40% del importe y en 2021 el 60%.
Así mismo, la disposición adicional segunda, debido a la grave situación provocada por la pandemia, de forma excepcional no exigiría el cumplimiento de la regla de gasto durante el 2020.
Por falta de acuerdos (sobretodo, en cómo repartir el fondo de 5.000 millones de euros) el RD 27/2020 de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicable a las entidades locales NO ha sido aprobado hoy en el Congreso de los Diputados.
Por lo tanto, el Ayuntamiento de Pedralba, debido a la Ley Montoro, seguirá sin poder dar uso al remanente, salvo para amortizar deuda (actualmente la deuda viva del Ayuntamiento de Pedralba es de 1.218.000€ según fuentes oficiales) y un pequeño porcentaje a inversiones que sean financieramente sostenibles.
Esta información ha sido extraída del fuentes oficiales publicadas en el propio Boletín Oficial del Estado número 21, de 05/08/2020. Norma derogada, así como su corrección de errores, por Acuerdo del Congreso de los Diputados publicado por Resolución de 10 de septiembre de 2020.
